El gobierno del presidente Gustavo Petro ha activado una serie de procesos contractuales que suman más de 20.000 millones de pesos colombianos, con el objetivo de fortalecer el diseño y la implementación de su política bandera: la “Paz Total”. Esta iniciativa, que busca la negociación simultánea con distintos actores armados, tanto insurgentes como bandas criminales, requiere no solo voluntad política, sino una sólida estructura administrativa y técnica que permita materializar los acuerdos en los territorios más golpeados por el conflicto. A través de distintos contratos adjudicados por entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, el Ejecutivo pretende consolidar el respaldo logístico, jurídico y operativo que demanda un proceso tan complejo como ambicioso.
Los contratos abarcan desde estudios territoriales y asesorías jurídicas hasta el fortalecimiento de capacidades institucionales en regiones priorizadas para el diálogo, como el Catatumbo, el Chocó y el sur del Cauca. Parte de los recursos también se destinan a campañas de pedagogía para la paz, talleres comunitarios, y plataformas digitales que promuevan la transparencia y seguimiento ciudadano. El gobierno ha defendido la legalidad y pertinencia de estos procesos, asegurando que todos se han hecho mediante convocatorias públicas o contratación directa justificada, según lo permiten los regímenes especiales de contratación estatal. No obstante, algunos sectores políticos han cuestionado la eficacia real de estas inversiones y alertan sobre una posible falta de control frente al uso de los recursos.
En medio de un clima de tensión por los recientes fracasos en diálogos con grupos como el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC), el Ejecutivo apuesta por blindar el componente técnico y operativo de la paz, mientras intenta recuperar credibilidad frente a la opinión pública. Analistas señalan que la gran dispersión de actores armados, la fragilidad institucional en muchos territorios y la presión electoral, representan retos mayúsculos para que la “Paz Total” pase del discurso a la transformación real. Sin embargo, desde la Casa de Nariño insisten en que estos contratos no son un gasto político, sino una inversión estructural para cerrar las brechas que alimentan la violencia. El tiempo y la ejecución eficaz de estos recursos dirán si esta apuesta logra consolidarse como una política de Estado o si se diluye en medio de la burocracia y la desconfianza.
