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Sábado, Agosto 18, 2018 - 23:45

Dentro de siete días debería empezar una disputa abierta y total contra el neoliberalismo, mal de males, levantando como indicador de una batalla frontal las banderas de otra sociedad posible, una donde la democracia deje de ser formal y en verdad sea directa, radical, del pueblo. Pero la lucha empieza mal, con una consulta que no pregunta por derrotar el neoliberalismo.

Para el próximo 26 de agosto está convocada la consulta popular contra la corrupción, aprobada por el Senado en la pasada legislatura y que contiene siete puntos (algunos de ellos con más de una pregunta) que, por sí solos y de ser aprobados por los votantes, no tienen fuerza para modificar la Constitución y las leyes.

Entre lo que se propondrá a quienes opten por votar están los siguientes puntos: Si se reducen los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Si se prohíben los beneficios especiales carcelarios a los condenados por corrupción, y si quedan imposibilitados para volver a contratar con el Estado.

La obligación de que la ciudadanía sea convocada para decidir “el desglose y priorización” del presupuesto de inversión de entidades públicas. Si los congresistas deben rendir cuentas de su gestión y publicar sus declaraciones de renta. Si se limita a tres períodos los que puede estar alguien en el Congreso o entidades territoriales.

Vale la pena, entonces, que los colombianos no solo se enteren de qué es lo que van a votar, sino que se pregunten si puede ser cierto que al aprobar estas medidas, y tal como prometen los promotores de esta consulta, se van a erradicar los corruptos.

El punto central de esta consulta, por tanto, es la posibilidad de valorarla como mecanismo para que la población manifieste su hartazgo con la corrupción, los corruptos y el clima de degradación ética que golpea al país no solo en el sector público.

Ahora bien, ¿dirán los promotores de la consulta, en caso de no lograr el umbral o de no aprobar el temario, que el país está conforme con la corrupción? Sería una interpretación sesgada, como lo es decir que quien no está de acuerdo con la consulta es porque apoya a los corruptos. 

¿Desaprobar la corrupción? La pregunta parece innecesaria, en la consulta, pero ella, como campaña, parece estar en un congelador. Contrario a lo común de las campañas electorales la difusión, agitación, los afiches, cuñas de todo tipo, etcétera, que debiera estar llenando al país de norte a sur, de occidente a oriente, de arriba abajo, destacan por su ausencia o poca trascendencia. Solo se observa un debate frío, a pesar de su importancia. Una sociedad pasiva a pesar de la importancia del reto que tiene ante sí.

Por eso debe recalcarse que es en contra de esa realidad neoliberal, con todos sus matices, que quienes habitamos Colombia deberíamos salir a votar este 26 de agosto. Claro que la consulta no pregunta por ello, y esa es una de las razones profundas de lo limitado de la misma, y esa es la razón por la cual cualquiera puede aprobarla, pues en realidad no va más allá de la normatividad ya existente, la cual todos los que hacen parte del establecimiento saben cómo burlar.

La consulta, contrario a lo expresado en sus 7 preguntas, contrario a su misma apariencia, no ataca al establecimiento ni a sus defensores, dejándolos aparentar lo que no son, con lo cual todo seguirá como ha sido hasta ahora.

Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, los tipos de corrupción más frecuentes en nuestro país, por el número de sanciones, son el soborno, la apropiación de bienes públicos, la extorsión y el nepotismo. Setenta por ciento del presupuesto estatal se ejecuta mediante contratos.

En 2010 el Departamento Nacional de Planeación reportó a los órganos de control 21.681 irregularidades en la ejecución de recursos de regalías y casos de funcionarios corruptos en 750 entidades territoriales, con un detrimento de cuatro billones de pesos en regalías. Las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción -Fiscalía, Contraloría, Procuraduría- no actúan en forma coordinada. Y las contralorías territoriales están totalmente capturadas por las mafias del clientelismo regional. 

Tenemos un sistema judicial corroído por la ineficiencia y por la corrupción que muchas veces actúa en complicidad con los corruptos o en su favor. Tampoco hay transparencia en el Congreso -gran núcleo de la corrupción centralista clientelista-. Nuestro es un país donde las leyes incentivan la concentración económica, consagran exenciones tributarias y es un país permisivo -casi alcahueta- con la fuga de capitales y los paraísos fiscales.

El motor o raíz de tal realidad la tenemos ante nosotros. El motor o raíz de tal fenómeno parece ser uno solo: el neoliberalismo, propulsor del enriquecimiento a cualquier costo, entre ellos la privatización de lo público.

 

Por:   Guillermo Alfredo Narváez Ramírez

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