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Sábado, Octubre 6, 2018 - 18:38

Durante su visita a la capital de Nariño, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, señaló que continuará peleando para preservar los derechos de la salud de los colombianos, sector que es prioritario para su dependencia.

Carrillo expresó que junto a la Defensoría del Pueblo se viene anunciando la toma de la salud, contando con el concurso de la Contraloría General de la Nación, con el objetivo de demostrar que lo fundamental es defender el derecho a la salud de los colombianos y que este sector no puede ser un negocio.

Ante la determinación que se tomó con Medimás, Carrillo aseveró que se tiene una serie de equívocos y de controversias jurídicas.

 “No voy a permitir que por leguleyadas o supuestas polémicas jurídicas lleven a vulnerar el derecho a la salud de los colombianos. Tiene dos enfoques, el derecho a la salud se impone sobre el negocio o simplemente entreguémosle el derecho a la salud a quienes quieren seguir negociando con los recursos públicos que deben estar destinados para este sector y que son doblemente sagrados, porque son recursos públicos y están dedicados a la salud”, expresó.

Se convocó a una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y se ha enviado una señal y desde la Procuraduría General se viene analizando este tema.

 Hay que reiterar que existen 4.2 millones de afiliados que están asegurados y que siguen sometidos a un sistema en donde Medimás tiene la obligación de atenderlos hasta que se tomen las determinaciones en un plan de contingencia que está en manos de la Superintendencia de Salud.

“Nosotros no somos Gobierno, no somos autoridad administrativa, pero seguiremos fiscalizando para que a la gente se le cumpla las condiciones mínimas en la prestación del servicio de salud. Aquí lo trascendental es que a niño enfermo se le dé una cita, que una madre cabeza de familia se le programe su cirugía. Existen situaciones que son fundamentales que no están sucediendo y hay una cantidad reiterada de incumplimientos que tiene preocupada a la Procuraduría”, expresó.

Los líos jurídicos y financieros que tengan los que intervinieron en la negociación que sean ellos mismos como los van a solucionar, pero se hace necesario que los colombianos tengan un buen servicio de salud.

El procurador manifestó que se dará la batalla para que los usuarios del sistema de salud se encuentren protegidos por el sistema.

 “Aquí todos los órganos de control estamos en sintonía. No es una pelea de la Procuraduría, tenemos el respaldo de la Defensoría del Pueblo. Ayer el titular de esta dependencia señaló que esta situación era una vagabundería y tenía razón puesto que no se puede jugar con la salud de los colombianos”.

“Yo fui constituyente y redacté las normas de los derechos fundamentales de los colombianos y ahora soy el procurador, ahora tengo que defender la salud de la gente, o si no doy un paso al costado. Si aquí impera la noción de que la salud en Colombia es un negocio, entonces que se queden los que piensan de esta forma”, expresó.

Reunión provechosa

Carrillo expresó que uno de los objetivos de su visita fue revisar la actuaciones de la Procuraduría en el departamento de Nariño y es así como se reunió con los procuradores regionales para efectuar un balance de sus actividades.

Ante el gran número de muertes de líderes sociales en Nariño el procurador manifestó que fueron ellos los primeros en abordar este tema. Ante este hecho se definió una directiva para proteger a defensores de los derechos humanos con base en diálogos con los mismos líderes, puesto que desde el Gobierno se tomaron decisiones unilaterales sin consultar con las necesidades de la comunidad.

“Es necesario implementar una estrategia para el sector rural, que es donde se ha presentado este fenómeno. Se tiene que hacer un giro de 180 grados para brindarles mejor seguridad. Tiene que ser una protección rural con carácter diferencial, puesto que no es lo mismo un dirigente indígena, sindical, defensor de tierras”, aseveró.

Agregó que se hace necesario fortalecer la Unidad de Protección, en donde se han realizado tres encuentros con los líderes sociales, no únicamente en la capital de la República sino que la eficacia de la estrategia para evitar esta catástrofe humanitaria, puesto que van más de 300 líderes asesinados en Colombia. Visitar las regiones y emprender una iniciativa llamada Mesa de protección a la vida, la cual busca que se expida una política pública integral en defensa de los líderes sociales.

El ataque a los dirigentes sociales es la peor desgracia que vive el país en este momento por lo cual se hace necesario realizar un acompañamiento por parte de los procuradores regionales, los procesos para el esclarecimiento de los hechos. También se viene actuando en la parte preventiva estando encima de los gobernadores y alcaldes reiterándoles que la protección de los líderes sociales no es solo responsabilidad del Gobierno Nacional, también hace parte de las autoridades departamentales y municipales, por lo que ya se han iniciado una serie de investigaciones en algunas regiones frente al asesinato de algunos líderes sociales.

 

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